Ideas para superar la crisis IV: una reforma de la Seguridad Social para salvar empleos

17 abril 2009 at 8:14 Deja un comentario

Es sabido que el sistema de seguridad social, tal como está diseñado actualmente, no será financiable de aquí a 10 o 15 años, o incluso menos. Lo anterior significa que el sistema comenzará a acumular desequilibrios permanentes y crecientes, por lo que intentar dejar el sistema tal cual está ahora y cubrir el bache con deuda pública conformaría una dinámica explosiva.

Las razones detrás de esa previsión (que, insisto, no es novedosa) son variadas. Hay causas demográficas (una mayor proporción de mayores de 65 años dentro de la población total), otras son consecuencia del desarrollo (la creciente esperanza de vida hace que los jubilados cobren de la seguridad social más años que en el pasado), así como, entre otras, también inciden variables económicas (salarios, productividad del trabajo, etc.).

Como el horizonte de preocupación de los presidentes de gobierno no suele superar el período durante el cual piensan alojarse en La Moncloa, las reformas a la seguridad social, que además son políticamente costosas, no suelen ocupar un lugar alto en sus prioridades. Además, la llegada de millones de inmigrantes en los últimos años permitió que la Seguridad Social registrara superávits, constribuyendo a minimizar la urgencia de este tema. Si bien, con buen criterio, los excedentes fueron acumulados en un Fondo de Reserva, este no equivale más que a los pagos de unos pocos meses. En igual sentido, ese excedente podría haber sido superior si, a pesar de conocerse la inviabilidad financiera que enfrentará el sistema, no se hubieran llevado a cabo medidas insensatas como el llamado “cheque bebé”, que sólo en 2008 costó más de 1.300 millones de euros.

La crisis económica que atravesamos, en otra de sus desagradables facetas, está significando un veloz retorno a la realidad de las cuentas de la Seguridad Social, próximas a registrar otra vez desequilibrios. Por un lado, el número de cotizantes acumula un descenso de más de 1,2 millones, al tiempo que los pagos vinculados al seguro de desempleo expanden las erogaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, la misma crisis puede constituir una oportunidad extraordinaria para avanzar en la reforma del sistema.

La idea básica es extender ya el período que se considera para calcular la cuantía de la jubilación a la totalidad de la vida laboral en lugar de los últimos 15 años de actividad, como ahora. Como lo normal es que el salario medio de toda la vida laboral sea inferior al de los últimos 15 años, esa modificación significaría un ahorro en las futuras jubilaciones que tendrá que pagar el Estado. Al mismo tiempo, debería cuantificarse ese ahorro futuro y recortar las contribuciones que financian el sistema. Más simplemente, sería financiar con el ahorro futuro de las menores prestaciones el recorte presente de las contribuciones al sistema.

Dependiendo del coraje y de la comprensión del problema por parte del gobierno, la reforma propuesta podría complementarse con elevar la edad de jubilación a 67 años para hombres y mujeres y, también, con un cambio en los planes de pensiones privados. Lo que en última instancia debería hacerse es explicar a la ciudadanía que en el futuro, las jubilaciones que pague la Seguridad Social deberá constituir un ingreso básico que necesariamente deberá complementarse con ahorros propios.

Es evidentemente desagradable para un político tener que impulsar medidas como las anteriores, a pesar de que hay consenso en que son imprescincibles y que cuanto más tarden en concretarse, mayor será el costo para los propios ciudadanos. La oportunidad que brinda la crisis es que el esfuerzo que se pide (las menores jubilaciones futuras) es a cambio de preservar empleos presentes (por la menor carga salarial que implicarían las menores contribuciones para los empleadores), lo que debería reducir la oposición de los sindicatos. Así como varias encuestas muestran que la gente está dispuesta a reducir su salario para evitar despidos en sus empresas, parece razonable pensar que apoyarían esta propuesta, siempre que se explique con claridad.

En todo caso, entiéndase que la propuesta anterior no está pensada para lograr por sí el equilibrio a largo plazo del sistema, sino para aprovechar la crisis para impulsar una parte de la reforma necesaria. El efecto favorable para las finanzas del Estado sería indirecto, por tres vías principales: i) en lo que hace estrictamente a la Seguridad social, en lo inmediato, una menor destrucción de empleos ayudará a contener las erogaciones por seguro de desempleo; ii) unas menores contribuciones patronales, al reducir el costo salarial total, contribuiría a aumentar la proporción de ocupados dentro de la población total (que en España es inferior a la media de la UE), fomentando una mayor proporción de cotizantes; iii) la reducción de las obligaciones futuras del Estado (por las menores jubilaciones futuras) constituiría un primer paso para asegurar la solvencia fiscal a largo plazo y conseguir recuperar la calificación de riesgo óptima (una mejor calificación de riesgo conlleva un menor pago de intereses para la deuda pública).

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