Una duda despejada: la ministra Salgado no cambiará el rumbo de la economía

27 abril 2009 at 10:38 Deja un comentario

Confieso que cuando leí el Curriculum Vitae de la Ministra Elena Salgado quedé favorablemente impresionado: estudios de grado y posgrado, a los que se suma una importante experiencia tanto en el sector público como en el privado, incluyendo cargos relevantes en grandes empresas. El brillo de esos antecedentes enceguece cuando se comparan con los de otros ministros, como los de Fomento y Trabajo (“estudios incompletos de derecho” y “profesional del comercio” -sic-, respectivamente), cuya vida laboral se ha desarrollado en su práctica totalidad en cargos partidarios y del sector público.

Aunque es verdad que la Economía no fue el campo principal de sus estudios, me pareció que su amplia formación la haría consciente de sus limitaciones, por lo que buscaría el asesoramiento adecuado. A la luz de las recientes declaraciones de la Sra. Salgado me inclino a pensar que no lo buscó o, si lo hizo, no lo aprovechó. Me refiero específicamente a dos frases que paso a analizar brevemente.

1.“No puede no haberlo” (en referencia al “margen de maniobra fiscal”http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/04/23/economia/1240485574.html). Preguntada si el gobierno aún contaba con margen para tomar más medidas fiscales contra la crisis (es decir, nuevos programas de gasto público), la ministra respondió con la desafortunada y falaz frase anterior.
Los gobiernos tienen tres formas de financiar sus gastos: a) impuestos; b) endeudamiento; y c) impresión de moneda. Gracias al euro, la alternativa “c” no está al alcance de las autoridades españolas (nunca se agradecerá sufcientemente a la moneda única el habernos librado de una “política monetaria” con el sello “ZP”). En cuanto a alternativa “a”, es evidente que la capacidad de pagar impuestos por parte del sector privado tiene un límite. Y lo mismo es cierto para el endeudamiento: nadie estará dispuesto a prestar a un gobierno que no muestre suficiente capacidad de repago de sus deudas. En el camino, mientras esa capacidad se va deteriorando, los prestamistas irán exigiendo progresivamente mayores tipos de interés. Esto es justamente lo que está ocurriendo a España, cuya obligación a 10 años tiene ahora un rendimiento de casi un punto porcentual más que su equivalente alemán (simplificando: si a Alemania se le pide un 3% anual para prestarle a 10 años, a España se le exige un 4%; hasta 2007 ambos países pagaban lo mismo). Esto tiene que ver con el recorte realizado por la agencia Standard & Poor’s a la calificación de riesgo de la deuda del gobierno español, precisamente por el debilitamiento del panorama fiscal. Dado lo anterior, que la ministra sostenga que “no puede no haber” margen de gasto, es mentira y una irresponsabilidad, porque da a entender que gastará todo lo que pueda, lo que a su vez empeora inmediatamente las expectativas de los potenciales prestamistas.

2.“Con 800.000 nuevos parados, no se puede decir que despedir sea caro” (http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2009/04/24/portada/1240555362.html). Estoy preparando un artículo para mostrar que la ley laboral española está fuera de la realidad. Por ahora, me limito a decir algo que la Sra. Salgado ya debería saber: el 96% de las más de 1,4 millones de personas que perdieron su empleo desde septiembre de 2007 tenían contratos temporales, justamente porque despedir a quienes tienen un contrato fijo es más caro y conflictivo. La obsoleta ley laboral española lleva al despropósito de que los empleadores deban seleccionar a quiénes despiden no según sus méritos, sino de acuerdo con el tipo de contrato que tengan.
La anomalía de que durante los últimos años más de un tercio de los asalariados tuvieran un contrato temporal (casi el triple que en la UE) es otra singularidad española derivada de la legislación vigente (la crisis está “resolviendo” aceleradamente este problema mediante la eliminación de los temporales). Más ampliamente, la segmentación del mercado de trabajo en cinco “clases” (funcionarios, contratados fijos, contratados temporales, autónomos y parados), es una injusta consecuencia de la actual legislación laboral, no sólo ineficiente y costosa, sino antidemocrática (¿es justo que los privilegios de unos -funcionarios a quienes no se puede despedir, o la alta protección de los “fijos”- sean pagados por otros -temporales de despido fácil y autónomos-?).

La pequeña expectativa de que la economía tendría una gestión mínimamente competente bajo la dirección de la Sra. Salgado ha sido velozmente aniquilada por ella misma. Espero que, al menos, cuando acabe su gestión, no se vaya “razonablemente satisfecha con lo conseguido dadas las limitaciones con las que hemos tenido que trabajar”, tal como dijo el Sr. Solbes en su gris despedida.

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