Zapatero comenzó mintiendo, por eso Europa desconfía de su presidencia de turno

7 enero 2010 at 10:32 Deja un comentario

Con el inicio del turno español en la presidencia rotatoria de la UE, la prensa europea está dedicando análisis al presidente Zapatero. No sorprende que los comentarios sean duros. Por ejemplo, un editorial del Financial Times del 5 de enero se titula “Una España tambaleante debe guiar Europa” (“An stumbling Spain must guide Europe”). En el mismo, el plan de trabajo de Zapatero para su presidencia de turno se califica de “marcadamente anodino, aún para el poco exigente standard de la mayoría de las presidencias de turno de la UE”. Podría continuar con Le Monde, el Corriere de la Sera y más, pero no es necesario.

El pésimo desempeño que viene exhibiendo el gobierno español (no sólo en economía) contribuye a esa mala imagen. Sin embargo, la misma tiene un origen muy anterior, aunque recién ahora la presidencia de turno la presente en toda su magnitud. Digámoslo claramente: lo primero que hizo Zapatero al llegar a La Moncloa fue mentir. Luego, hizo de la mentira un ejercicio habitual. Es inconcebible que la imagen de alguien que procede abiertamente así sea buena. Recordemos cuál fue el comienzo.

Durante 2003, cuando era jefe de la oposición, cada vez que Zapatero era preguntado si retiraría las tropas españolas de Irak respondía: “las retiraré si para el 30 de junio de 2004 las Naciones Unidas no se han hecho cargo del mando militar de las fuerzas internacionales”. Siguiendo esa línea, en su discurso de investidura del 15 de abril de 2004, Zapatero dijo: “quiero dejar claramente sentado que España asumirá las obligaciones internacionales que le correspondan en defensa de la paz y la seguridad. Lo hará siempre; con un solo requisito: la decisión previa de Naciones Unidas o de cualquier otra organización de carácter multinacional” (el texto íntegro está al final). Dado que la percepción obvia era que las tropas se mantendrían (¿qué significa acaso “asumir las obligaciones internacionales”?), el diputado Llamazares, de Izquierda Unida, preguntó específicamente por ese punto, recibiendo como respuesta el “rap” del 30 de junio.

Investido ya como Presidente, cuatro días más tarde, el mismo Zapatero anunciaba el retorno inmediato de las tropas porque “con la información de que disponemos y que hemos recabado a lo largo de las últimas semanas, no es previsible que se vaya a adoptar una Resolución de la ONU que se ajuste al contenido al que quedó condicionada nuestra presencia en Iraq” (también reproduzco al final el texto íntegro del comunicado firmado por Zapatero por el que se anunció el retiro de tropas). El recién nombrado ministro de Defensa, José Bono, ya venía negociando tal retiro desde hacía semanas. Sin sonrojarse, el mismo Zapatero aludió a su “compromiso público” y lo que “he manifestado en el reciente discurso de investidura” para justificar su actuación.

No alcanzarían cien páginas para enumerar las mentiras que vinieron después. Lo que quiero dejar claro es que de semejante siembra no podía surgir otra cosecha más que la gran desconfianza que despierta Zapatero en Europa. Esto, que no es nuevo, recién se evidencia ahora con la inoportuna presidencia de turno. En Europa también las mentiras tienen patas cortas.


Discurso de investidura de Zapatero del 15-4-2004

Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
Tras las pasadas elecciones del catorce de marzo y según lo dispuesto en nuestra
Constitución, comparezco ante esta Cámara para solicitar su confianza conforme a
la propuesta realizada por el Jefe del Estado.
Permítanme que, en este momento, mi primer pensamiento sea para los casi cuarenta
y dos millones de personas que representamos.
Ellos son los que nos han traído hasta aquí. Y a ellos, a todos ellos, me debo a partir
de ahora.
Nos faltan, sin embargo, ciento noventa y dos. Tenían derecho a estar hoy entre
nosotros. Su ausencia de hoy debe constituir presencia imborrable.
Han muerto, como ha ocurrido con tantos otros españoles en los años precedentes,
por obra del furor homicida de unos desalmados.
No hay razón en el terrorismo; no hay sentido en el terrorismo; no hay política en el
terrorismo.
Sólo hay terror, muerte, chantaje.
Sólo hay voluntad de someter, de sojuzgar, de destruir la moral de los hombres, de
eliminar sus convicciones.
Ante el terror, Madrid ha dado ejemplo de coraje, de solidaridad, de heroísmo. Y
con Madrid, toda España.
Gracias, en nombre de quienes, en esta Cámara, representamos a todos los
españoles; gracias a todos los que ayudaron, a todos los que en todas partes han
mostrado su apoyo y solidaridad.
Un agradecimiento que, junto con mi felicitación, hago extensivo a todas las
Administraciones Públicas que, con admirable eficacia, pusieron en acción
coordinada sus recursos para paliar las consecuencias de los brutales atentados.
Se han dispuesto importantes medidas de atención a las víctimas y a sus familias.
Anuncio ya mi propósito de reforzarlas para que quienes han sufrido esta barbarie
sientan el pleno apoyo de la sociedad y del Gobierno.
Todo cuanto hagamos por ellos constituye una deuda democrática.
Ellos y todos los ciudadanos deben saber, en todo caso, que el Gobierno que presida
tendrá como objetivo prioritario la lucha sin cuartel contra el terrorismo, contra
cualquier terrorismo, contra todo terrorismo.

Una lucha en la que emplearemos todos los recursos de que puede dotarse una
sociedad democrática.
Desde luego, y en primer lugar, unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
mejor equipadas, mejor coordinadas, mejor informadas. A lograrlo contribuirá mi
compromiso de crear un Mando único operativo de las Fuerzas de Seguridad que
evite descoordinaciones que mermen su eficacia y disminuyan, así, la seguridad de
los españoles. Esta eficacia también se incrementará mediante la coordinación de
todos los servicios de inteligencia e información del Estado y mediante la
multiplicación de los medios contra el terrorismo internacional.
Una coordinación que, mediante el diálogo y el acuerdo institucional con el
Gobierno Vasco y con la Generalitat de Cataluña, quiero extender a las Fuerzas de
Seguridad con que cuentan esas Comunidades.
Junto a ello, estoy decidido a impulsar la más amplia cooperación internacional para
lograr el éxito en esta lucha. Cooperación contra todo tipo de terrorismo: contra el
que nos ha golpeado durante cuarenta años y contra el terrorismo internacional.
Una cooperación que, en todo caso, deberá respetar las pautas y los valores que
nuestra democracia se ha esforzado en consolidar a lo largo de los años.
No caeré, así, en el error de proponer, en aras de la seguridad, restricciones en
nuestro sistema de libertades; como tampoco ampararé iniciativas que violen nuestra
propia legalidad o la legalidad internacional.
Por idénticas razones, combatiré toda forma de xenofobia que pretenda encontrar
amparo en los sucesos recientes: ¿es que no han muerto, con los de nuestro país,
decenas de hijos de otras naciones?
Y condenaré toda utilización política del terrorismo.
Porque el elemento esencial de la lucha contra el terrorismo es la unidad de los
demócratas. Una unidad que se rompe cuando se trata de sacar rentabilidad política
del terrorismo; que se rompe también cuando falta una solidaridad incondicional con
las víctimas o cuando se contemporiza con los violentos; cuando se olvida que nadie
es libre si no somos todos libres.
Convencido de la necesidad de la acción unida de quienes representamos los
intereses colectivos, propuse en su día el Pacto por las libertades y contra el
terrorismo que suscribieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Ese Pacto,
para mí, sigue vigente.
Hoy, además, es posible y necesario ir más allá y ampliar la base del acuerdo
democrático contra el terrorismo. Y, por ello, me propongo convocar de inmediato a
todas las fuerzas políticas parlamentarias a una reunión en la que se comparta
información y se defina una estrategia común. Será la primera de las que sucesiva y
periódicamente se mantendrán en la Comisión de Secretos Oficiales de ésta Cámara.

Así lograremos una sociedad más segura. Y, al serlo, será también una sociedad más
libre.
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
Por quinta vez en los veinticinco años de democracia constitucional, el Partido
Socialista ha recibido el encargo mayoritario de los españoles para formar gobierno.
Esa decisión ha sido la expresión de un deseo colectivo imparable: la voluntad de
cambio.
Sé que esa voluntad expresada por los electores encierra una fuerte dosis de
esperanza: la de lograr una España mejor, la España que merecemos que el Partido
Socialista prometió en la campaña electoral.
Por eso mismo sé también que la voluntad de cambio de los españoles está preñada
de exigencias.
Hay, ante todo, una exigencia de respeto a las promesas. Los ciudadanos nos exigen
a los políticos que seamos fieles a nuestras promesas. Esta exigencia es, para mí, la
más apremiante, la más obligada.
Haré honor a la palabra dada.
Quiero también mantener un estilo de gobierno que responda a las expectativas de
cercanía, proximidad y participación que han manifestado quienes, saliendo de la
desesperanza en la política, han acudido a votar en estas elecciones.
Esto exige una acción de gobierno en la que nadie se sienta excluido; que escuche y
atienda a razones; que explique siempre el por qué de cada decisión adoptada.
Será un Gobierno que respete a los ciudadanos, que escuche las voces y las críticas
por fuertes que éstas sean.
En el resultado electoral hay, también, una exigencia de entendimiento y diálogo.
Este es, sin duda, el sentido de una voluntad popular que se ha traducido en una
Cámara tan plural como la que hoy nos reúne, diversa y sin mayorías absolutas. Así
lo han querido los ciudadanos.
Quiero hacer un valor de este dato. Podré compartirlas o no, pero respetaré la
legitimidad de cuantas posiciones se defiendan en esta Cámara aceptando las reglas
que los españoles hemos acordado. Y estoy dispuesto a hacer de ésta la legislatura
del diálogo, del entendimiento, del encuentro.
Es algo más que una necesidad de apoyos para alcanzar la mayoría. Es la voluntad
de responder fielmente a la decisión de los españoles.

El Gobierno actuará de acuerdo con sus ideas, de acuerdo con su programa, de
acuerdo con sus valores. Pero el Gobierno que yo presida tiene también, como
proyecto político, la voluntad de incorporar en la toma de decisiones las visiones
que se aporten lealmente desde otras perspectivas políticas, y de lograr así para sus
políticas el apoyo más amplio posible de los grupos parlamentarios.
Mi voluntad de entendimiento no se limitará a los actores políticos; tiene que
extenderse a los agentes sociales. Desde luego, a los Sindicatos, que siguen siendo
hoy el mejor instrumento de participación de los trabajadores en las decisiones
colectivas. Y, con ellos y junto a ellos, las Organizaciones Empresariales. Con
ambos, quiero desarrollar un diálogo social fecundo que asegure el crecimiento
económico y la participación efectiva de todos los ciudadanos en el bienestar social.
Una voluntad de entendimiento que quiero que alcance, igualmente, a la amplia red
de organizaciones sociales que defienden intereses de colectivos necesitados de
especial atención y ayuda. Y a las Organizaciones No Gub ernamentales, que
encontrarán en el Gobierno un aliado eficaz para el trabajo ejemplar que desarrollan.
En el resultado electoral hay, en fin, una exigencia de eficacia. Hemos prometido
que haríamos una gestión de gobierno destinada a lograr una España me jor. Estoy
decidido a cumplirlo.
Para ello, voy a designar un Gobierno en el que tengo plena confianza.
Será un Gobierno destinado a atender no sólo los grandes problemas nacionales sino
también los problemas cotidianos de los ciudadanos, los que afectan a su vida diaria
y a la de sus familias.
El empleo, la vivienda, la atención a las personas dependientes, la educación, el
poder adquisitivo de salarios y pensiones, no serán sólo competencias de uno u otro
Ministerio. Serán preocupaciones del conjunto del Gobierno y constituirán materia
preferente de la atención política de su Presidente.
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
No soy de los que creen que todo vuelve a comenzar con nuestra llegada al poder.
Creo, por el contrario, que la reciente historia de España es un proceso compartido
en el que, en sus diferentes fases, todos hemos jugado un papel que hemos de
reivindicar y asumir colectivamente.
Este era el sentido profundo que me inspiraba cuando me propuse desarrollar un
estilo constructivo de oposición.
Este es también el sentido que me inspira a la hora de enjuiciar la labor del último
Gobierno. Respeto lo hecho por el último Gobierno aunque haya discrepado sobre
su interpretación de los intereses generales de España.

Creo que se ha equivocado en cuestiones esenciales para nuestra convivencia y
nuestro progreso. Y creo que los españoles han confirmado este juicio con sus votos.
Pero creo, también, que ha puesto en marcha iniciativas que han contribuido al
progreso de España.
En la tarea que los socialistas ahora emprendemos no podemos ni debemos, pues,
empezar de cero. No podemos permitirnos el derroche de desaprovechar la
experiencia acumulada por quienes, a lo largo de los años, han dirigido los destinos
del país.
De acuerdo con ello, en las próximas semanas el Gobierno remitirá a la Cámara un
proyecto de Ley para incorporar al Consejo de Estado, como vocales natos y
permanentes del mismo, a quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del
Gobierno. Todos nos beneficiaremos de su experiencia.
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
Se abre ahora un tiempo nuevo en la vida política de España. En él, quiero asegurar
el protagonismo ciudadano a que todos tenemos derecho en una sociedad tolerante,
laica, culta y desarrollada como debe ser la nuestra.
Una etapa que, como he indicado, ni puede ignorar la realidad de la que partimos ni
quiere ser continuación de la etapa que ahora termina.
Hasta el día de hoy, he prometido un cambio sustentado en valores como el diálogo,
el respeto, el pluralismo, la tolerancia y la transparencia. Ahora ha llegado el
momento de cumplir las promesas y hacer frente a los compromisos asumidos.
Con este talante, quiero centrar la actividad del Gobierno en torno a los cinco
ejes que he definido dura nte la campaña electoral: la renovación de la vida
pública; una política exterior marcada por una visión europea y europeísta; un
desarrollo económico sustentado en la educación, la investigación y la
innovación que permita la creación de empleo estable; la puesta en marcha de
nuevas políticas sociales para las nuevas necesidades de personas y familias;
desarrollo y extensión de los derechos civiles y políticos, y del valor de la
igualdad, para lograr una convivencia avanzada.
Todos ellos atienden a problemas reales de los ciudadanos. Su objetivo no es otro
que caminar hacia una sociedad moderna, abierta, culta y mejor preparada que hasta
ahora para afrontar los retos del futuro.
La renovación de la vida pública ha de ser, va a ser, el objetivo prioritario y la seña
de identidad de este período.
De ella forman parte importante la nueva forma de ejercer el gobierno y las nuevas
iniciativas democráticas contra el terrorismo a que me he referido anteriormente.
Pero hay que avanzar más, hay que ser más ambiciosos.

Porque hay que reconocer que, en los veinticinco años que hemos vivido de
Democracia, la sociedad se ha mostrado, en muchas ocasiones, más viva y dinámica
que la política.
Esa falta de adecuación se encuentra, sin duda, en la base del distanciamiento de
algunos y de la falta de incorporación de los más jóvenes. Tienen la sensación de
que la política no satisface sus necesidades y expectativas. Y también que la política
no habla su lenguaje ni responde a sus valores.
Hay que recuperar su presencia, su participación. Hay que evitar su desencanto.
Y, para ello, y ante todo, hay que revitalizar el Parlamento.
No podemos seguir demorando una reforma del Reglamento del Congreso que todos
reconocen necesaria y nadie aborda.
Quiero advertir que es uno de mis compromisos más firmes y en el que quiero que
se empeñe toda la Cámara. En uno u otro momento todos los partidos hemos dicho
que la reforma del Reglamento era necesaria; pues bien, lo que se dice se hace.
Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su
misión fundamental de controlar al Gobierno.
Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía
nacional.
Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del
Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano.
Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la
transacción en una sociedad plural.
Por idénticas razones, es imprescindible abordar la reforma del Senado.
Todos coincidimos en la necesidad de reforzar la cohesión y la vertebración de
España y en defender la identidad de las Comunidades. Es una tarea que
corresponde al Senado. Y hay que facilitar que la pueda llevar a cabo.
La reforma del Senado debe plantearse en un proceso consensuado de reforma
parcial de la Constitución.
Si algo ha sido, si algo es la Constitución de 1978, es norma de convivencia. Con
ese espíritu nació; ese fue, desde el principio, su objetivo más destacado.
La Constitución fue obra de todos y es propiedad de todos. De todos.
De ahí los riesgos -que repetidamente he denunciado- de la apropiación unilateral de
su texto, de su sentido, de su defensa. De ahí, también, los riesgos del exclusivismo

interpretativo que algunos han querido arrogarse. De ahí, en fin, mi distancia
profunda de una concepción del patriotismo que se limite a la adoración formal de la
Constitución como un ídolo.
La Constitución ha cumplido, hasta ahora, su objetivo de convivencia en paz y
libertad pues ha resuelto, en buena medida, los grandes problemas de la convivencia
española. No hay razón alguna para poner en cuestión sus grandes opciones.
Como ha servido, como nos ha servido a todos, la Constitución debe mantenerse y
todos podemos y debemos defenderla.
Pero han transcurrido, sin embargo, los años suficientes como para que acontecieran
hechos que la Constitución misma no podía prever y para que podamos adoptar
soluciones, en el desarrollo de nuestras instituciones, que la propia aplicación de la
Constitución va permitiendo.
Hace veinticinco años no existía, para los españoles, la realidad de la Europa
unificada; no se había producido la revolución social que han protagonizado las
mujeres; no se había hecho realidad el Estado Autonómico.
Por eso, queremos ofrecer a todas las fuerzas políticas un consenso básico para
afrontar una reforma concreta y limitada de la Constitución que aborde esos
problemas.
Se trata, en primer lugar, de abordar, como he anunciado, la reforma del Senado.
En segundo lugar, de modificar –sin alterar las previsiones que afectan al Príncipe
de Asturias- las normas que regulan el orden de sucesión en la Corona con el fin de
adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer que con carácter general
consagra la propia Constitución.
En tercer lugar, creo que ha llegado el momento de consagrar, con la fuerza
simbólica que proporciona la Constitución, la denominación oficial de las diecisiete
Comunidades y las dos Ciudades Autónomas y su consideración definitiva como
parte esencial del Estado.
Y, en cuarto lugar, queremos que la Constitución Española incorpore a su texto una
referencia a la próxima Constitución Europea como signo solemne de nuestro
compromiso definitivo con Europa y del valor real que damos a nuestra condición
de ciudadanos europeos.
El proyecto de reforma de la Constitución es una tarea esencial para la que pido el
concurso de todos y la voluntad de todos para alcanzar un acuerdo. Porque se trata
de reformarla para mejorarla.
El Gobierno tomará la iniciativa para la reforma, para lo que solicitará un informe
previo al Consejo de Estado, que constituirá la base de su proyecto. En los próximos

días, el Gobierno procederá al nombramiento de un nuevo Presidente del Consejo de
Estado, de reconocido prestigio y probada independencia, para que dirija ese trabajo.
Contará además, para ello, con el auxilio del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, que pasará a adscribirse al propio Consejo de Estado abandonando
la órbita estricta del Gobierno.
Señoras y Señores Diputados:
Desde distintas Comunidades se han adoptado iniciativas de reforma estatutaria.
Quiero dejar clara mi posición: reformar los Estatutos es optar por vivir dentro de
ellos, es aplicar la Constitución y, en consecuencia, apoyaremos las propuestas de
reforma.
La legitimidad de las reformas estatutarias solo tiene, para nosotros, dos
condiciones: el respeto a la Constitución y su aprobación mediante mayorías que
supongan, al menos, un amplio consenso político y social.
Porque la reforma estatutaria sólo tiene sentido si incrementa la cohesión social;
nunca, si es un elemento de fractura, de confrontación, de división o enfrentamiento
en el seno de una Comunidad.
El Gobierno socialista garantizará, en todo caso, la cohesión social, entre los
ciudadanos y los territorios de España desde una comprensión positiva de su
pluralidad constitutiva. Nuestra visión de España –lo hemos dicho muchas vecesdescansa
en el reconocimiento de su pluralidad como un valor constitucional.
Ello implica que el Gobierno de este país debe hacer un permanente esfuerzo de
integración de la diversidad en la unidad, respetando siempre las singularidades –
lengua, cultura, insularidad de Baleares, insularidad alejada de Canarias- que
nuestro ordenamiento constitucional garantiza y preserva.
Estoy dispuesto a poner los medios para lograrlo. Y para ello, me propongo, ante
todo, recuperar el diálogo político con las Comunidades Autónomas.
Con este propósito, me entrevistaré con todos los Presidentes Autonómicos antes del
verano, como primera manifestación de una iniciativa que quiero mantener, al
menos, una vez al año.
Con la misma voluntad, quiero instituir una Conferencia de Presidentes, que nos
reúna a quienes ejercemos los Gobiernos de todo el Estado y de cada una de las
Comunidades. Una Conferencia cuya primera reunión quisiera celebrarla en el
último trimestre del presente año. Una Conferencia que será el complemento idóneo
de un Senado reformado.
Con la actividad efectiva de ambos foros, será fácil abordar la reforma de los
instrumentos de cooperación interterritorial e instrumentar la participación de las

Comunidades en la conformación y en la expresión de la voluntad del Estado en la
Unión Europea.
Y, de este modo, mejoraremos la participación de todos y la coordinación de todos
los poderes públicos, de todas las Administraciones Públicas.
Para asegurarlo, no obstante, nos queda aún una deuda pendiente: la del
reconocimiento efectivo del papel de los Ayuntamientos españoles. El diálogo con
la FEMP será el canal por el que podamos alcanzar acuerdos que exigirán
generosidad y reconocimiento por parte del conjunto del Estado.
El Gobierno anuncia desde hoy su apoyo más decidido a dos grandes
acontecimientos de carácter cultural protagonizados por nuestros dos mayores
Ayuntamientos: el Forum de Barcelona y la Candidatura Olímpica de Madrid para
organizar los Juegos del año 2012.
El proceso de reforma política no se agota, sin embargo, con cuanto he expuesto
hasta aquí. Debe extenderse al ámbito de los medios de comunicación públicos –
singularmente Radio Televisión Española y la Agencia EFE-, a los que quiero
liberar del control del Gobierno al que tradicionalmente han estado sometidos, para
que puedan desempeñar sin trabas el papel que les corresponde en una sociedad
democrática avanzada.
El Consejo de Ministros procederá, de inmediato, a nombrar un Consejo
Independiente de Expertos para que, en un plazo no superior a nueve meses,
formulen una propuesta que el Gobierno se compromete a traducir en disposiciones
legales mediante el correspondiente Proyecto de Ley que remitiremos a las Cámaras
en el primer trimestre de 2005.
Con ello, avanzaremos claramente en la transparencia del ejercicio del poder
público, garantizaremos la información veraz a que tienen derecho los ciudadanos e
incrementaremos las posibilidades de control social de la acción del Gobierno.
La exigencia de información veraz y el control social deben, con todo, extenderse a
otros campos. La publicidad institucional y el acceso de los ciudadanos a la
información de las Administraciones Públicas son otros ámbitos cuyos criterios
serán reformados por mi Gobierno para impedir usos ilegítimos e implantar la
máxima transparencia.
Las reformas que afectan al ámbito político e institucional no se verían satisfechas si
no incluyesen un fuerte compromiso con la Justicia, condición esencial para la
salvaguarda de los derechos ciudadanos. Empeñados en dotarla de medios
suficientes, el Gobierno creará 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en la
legislatura, y asegurará las inversiones requeridas para la modernización del servicio
público de la Justicia. Un nuevo Estatuto Fiscal asegurará la imparcialidad del
Ministerio Público y permitirá abordar la reforma del proceso penal para mejor
protección de los derechos de las víctimas y garantía de los acusados.

ciudadana. No hay ciudadanos libres si no se saben y se sienten seguros, protegidos
por el Estado. A lo largo de la legislatura, dispondremos los recursos necesarios para
dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 36.000 efectivos más, a
disposición de los ciudadanos.
Reforma del Reglamento del Congreso; reforma del Senado en el marco de una
reforma parcial de la Constitución; reforma de los Estatutos y nuevas
relaciones institucionales con las Comunidades Autónomas; atención
preferente a la Administración de Justicia y a la seguridad ciudadana; nuevos
estatutos para los medios de comunicación públicos; incorporación al Consejo
de Estado de los ex Presidentes del Gobierno; compromiso prioritario en la
lucha contra el terrorismo y la atención a las víctimas; nuevo estilo de
Gobierno abierto, transparente y participativo: estas son las principales
medidas que conformarán la renovación política que piensa protagonizar el
Gobierno.
Señor Presidente:
El segundo eje al que dedicará particular atención el Gobierno es el referido a la
Política exterior.
En este campo, es hora de recuperar un consenso que nunca debió romperse. Nada
hemos progresado al hacerlo y hemos puesto en riesgo muchos de nuestros intereses
más importantes.
Un consenso que, por este orden, debe dejar claro un convencido compromiso
europeísta; debe situar en Latinoamérica y el Mediterráneo nuestros centros de
atención preferente; debe mantener con Estados Unidos una relación de países
socios y amigos basada en la lealtad y la franqueza recíprocas; debe alinearse
inequívocamente con la legalidad internacional, con la reforma y reforzamiento de
los instrumentos de paz internacionales; y debe, finalmente, hacer de la cooperación
al desarrollo un elemento esencial de nuestra política internacional. Todo ello
atendido por un nuevo servicio exterior del Estado, potente y preparado para servir a
España en un mundo globalizado.
En este marco, la Constitución Europea supone un hito en el proceso de paz,
libertad, progreso y bienestar en cuya implantación y desarrollo estamos empeñados
los europeos desde hace ya cincuenta años.
Será el elemento más sólido de unión entre lo s veinticinco estados que pronto
conformarán la Unión Europea.
Convencido de que lo que es bueno para Europa es bueno para España, el Gobierno
hará cuanto esté en su mano para asegurar que el proyecto de Constitución Europea
se apruebe antes de que concluya la presidencia irlandesa y pueda firmarse en

Madrid, como, en homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo, han
previsto todos los Estados europeos.
Me apresuraré a recuperar la presencia institucional, política, cultural y económica
de España en Latinoamérica con el fin de contribuir a la proyección definitiva de sus
pueblos, consolidar la democracia en todos sus países y sentar con ellos bases reales
para la actualización, modernización y eficacia de nuestra comunidad de naciones.
Marruecos exige y merece una atención preferente y unas relaciones que busquen el
entendimiento profundo. Así lo expondré a las autoridades marroquíes en la visita
que realizaré en los próximos días.
En el Mediterráneo debemos recuperar el objetivo del diálogo, entendimiento y
cooperación que supuso la Carta de Barcelona.
En lo que se refiere a la crisis iraquí, no es mi intención reabrir debates pasados.
Todos los españoles conocen mi posición sobre las causas que se esgrimieron para
justificar esta guerra y sobre la intervención española en la misma. Hoy, tras
recordar a los españoles que han perdido la vida en Irak, tenemos que mirar, unidos,
al futuro.
Día a día seguimos siendo testigos del continuo deterioro de la situación en Irak, que
se aleja cada vez más de la paz y la estabilidad que todos deseamos.
Puedo garantizarles que mi Gobierno seguirá firmemente comprometido con la
estabilidad, la democratización y la reconstrucción de Irak, pero no sin los iraquíes,
ni contra los iraquíes.
Es urgente que los iraquíes recuperen su soberanía y puedan organizar libre y
democráticamente sus elecciones. España desea un Irak que mantenga su integridad
territorial y en el que todas sus comunidades puedan sentirse partícipes de un futuro
común.
Este es el objetivo fundamental, con el que estamos plenamente comprometidos, que
defenderemos en los foros internacionales y al que prestaremos todo nuestra ayuda.
Mi postura sobre la presencia de tropas españolas en Irak es bien conocida, así como
sus argumentos y razones, y no cabe malinterpretarla. No permitiremos que se
ponga en cuestión nuestro firme compromiso con la seguridad internacional y en la
lucha contra el terrorismo.
Por ello, quiero dejar claramente sentado que España asumirá las obligaciones
internacionales que le correspondan en defensa de la paz y la seguridad. Lo hará
siempre; con un solo requisito: la decisión previa de Naciones Unidas o de cualquier
otra organización de carácter multinacional. En todo caso la participación de las
Fuerzas Armadas Españolas en misiones en el exterior se acordará con la
participación del Parlamento.

En cualquier caso, nuestra acción privilegiará la diplomacia preventiva y el respeto a
los principios de la Carta de las Naciones Unidas frente a la guerra preventiva y al
unilateralismo, y hará hincapié en una utilización más eficaz de todos los
instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y sociales para el arreglo pacífico
de controversias. Estoy convencido de que todos necesitamos revisar solidariamente
la estrategia en la lucha internacional contra el terrorismo. Y a ello dedicará su
esfuerzo mi Gobierno.
También aquí, la opción estratégica por Europa adquiere pleno sentido: al hilo de los
acontecimientos de los últimos años y bajo la iniciativa de Javier Solana, la Unión
Europea está dando pasos, todavía tímidos pero decisivos, para incrementar su
propia capacidad de defensa y seguridad en beneficio de sus ciudadanos y para
ejercer un papel relevante en pro de la paz en el mundo.
Esta será, en consecuencia, la guía fundame ntal para la modernización, la formación
y el equipamiento necesario para que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir sus
misiones en condiciones de eficacia, pero también en condiciones adecuadas de
seguridad y de atención a sus miembros.
Unas Fuerzas Armadas que, en todo caso, multiplican su actividad en beneficio de la
comunidad y que merecen y necesitan el afecto, el reconocimiento y el aliento de los
ciudadanos. Porque constituyen una pieza fundamental para la seguridad de una
sociedad que se siente amenazada.
La recuperación del consenso en política exterior; la prioridad de la visión
europea de nuestra política; el compromiso con la aprobación inmediata de la
Constitución europea; la atención preferente a Latinoamérica y el
Mediterráneo; el respeto escrupuloso a la legalidad internacional; la
reivindicación de Naciones Unidas como garante efectivo de la paz y seguridad
internacionales, constituyen, pues, los hitos fundamentales de la nueva política
exterior.
Señoras y Señores Diputados:
La tercera prioridad en la acción del Gobierno es la modernización e impulso de
nuestra economía. Para que el bienestar llegue a todos. Para que todos vean que es
posible combinar crecimiento y bienestar social. Para que obtengamos recursos
suficientes para desarrollar nuestro sistema de bienestar.
A estos efectos, quiero hacer un pronunciamiento previo: mi Gobierno asume, como
criterio que guiará su actuación, el principio de estabilidad presupuestaria.
Es un compromiso firme porque estamos convencidos de que unas cuentas públicas
saneadas son requisito imprescindible para poder mejorar los servicios públicos y,
con ellos, la calidad de vida de los ciudadanos.
Un compromiso que se completa con otro de igual importancia y expresado con
idéntica claridad: el Gobierno no incrementará la presión fiscal global. En el

segundo año de la legislatura, presentaremos un proyecto de reforma fiscal que
establezca un sistema impositivo próximo, sencillo, eficiente, equitativo y eficaz en
la recaudación.
Quiero expresar mi convencimiento de que la economía española tiene su principal
reto en sentar las bases de un crecimiento equilibrado y sostenible, con un horizonte
de largo plazo que se traduzca en aumentos del ahorro y, especialmente, de la
productividad.
Esto significa, ante todo, invertir en I+D+I: un incremento del veinticinco por ciento
del correspondiente presupuesto.
Eso significa, también, incorporación definitiva y urgente a la sociedad de la
información y el conocimiento.
Eso significa, asimismo, volcarse en las nuevas tecnologías y en el desarrollo y
extensión de las telecomunicaciones.
Eso significa, en definitiva, colocar a la ciencia en el centro de nuestras prioridades.
Junto a la Ciencia, la Educación. Educación desde las escuelas infantiles a la
Universidad. Educación de calidad, moderna, actualizada. España necesita hacer un
considerable esfuerzo para extender la educación y mejorar su calidad. Esa es la
orientación europea; ese es nuestro principal reto.
Es un lugar común constantemente repetido pero no siempre seguido en la práctica:
la Educación es, por todos los conceptos, la inversión más rentable.
No repetiré aquí cuanto he afirmado sobre el deterioro que padece la escuela pública
y sobre las carencias generales de nuestro sistema educativo de todos los niveles.
Pero sí debo reiterar el anuncio que en su día formulé en relación con la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de Universidades. Me
comprometí a reformarlas de inmediato y así lo haremos.
Es una reforma que tardará algún tiempo. Por los trámites que hay que respetar. Pero
sobre todo porque quiero seguir el procedimiento contrario al que se utilizó para su
aprobación: quiero lograr un amplio acuerdo porque creo que la educación requiere
proyectos de largo plazo, estabilidad suficiente para evaluar sus resultados y un
amplio consenso social que respalde la actividad de los docentes y proporcione
tranquilidad a los padres sobre la formación que reciben sus hijos.
Por ello, en las próximas semanas el Gobierno de la Nación, el único que está
capacitado y legitimado para hacerlo, aprobará las disposiciones necesarias para
suspender la aplicación de la LOCE.
Lo que tampoco puede esperar es el cumplir la promesa que en su día hice a los
jóvenes: en el próximo mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobará un crédito

extraordinario para incrementar la dotación y el número de las becas. Es un
compromiso imprescindible para quienes, como nosotros, hemos hecho seña de
identidad de la igualdad de oportunidades.
Lisboa apostó por la inversión en infraestructuras como factor clave para el
crecimiento económico. No es cuestión de enumerar ahora los compromisos que
hemos asumido en el programa electoral en cuanto a las infraestructuras de
transporte. Me basta con recordar que unas son grandes obras de vertebración del
territorio nacional; que otras, como el Plan Galicia o el conjunto de actuaciones
previstas para Canarias, tienen carácter más localizado; que la mayoría de ellas
responden a las necesidades de conexión entre sí de nuevos cent ros de actividad y
empleo; que todas ellas se abordarán con estrictos criterios medioambientales.
Ahora precisaré que antes de finales del año en curso, el Gobierno aprobará el Plan
Nacional de Transportes e Infraestructuras y lo enviará al Parlamento para su
debate.
En materia de energía me limitaré a señalar nuestra opción por fomentar el recurso a
energías alternativas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, de acuerdo con el Protocolo de Kioto, y, progresivamente, abandonar
la energía de origen nuclear.
Entre los retos que abordará el Gobierno destaca el de situar a España en una senda
en que la economía y la innovación tecnológica avanzan en paralelo con la cohesión
social, con el uso racional de los recursos naturales y con la reducción de la
contaminación. Una senda hacia un desarrollo más sostenible y, por ello, más
duradero, más justo y más saludable.
Un desarrollo sostenible entraña un compromiso con la España rural que garantice
su supervivencia y permita una vida con calidad. Ello exige una apuesta decidida
por el desarrollo rural, por la viabilidad de la agricultura familiar y por la
competitividad de la industria alimentaria.
En este contexto, quiero anunciar una nueva política del agua. Una política que
tomará en consideración tanto el valor económico como el valor social y el valor
ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad,
optimizando su uso y restaurando los sistemas asociados.
Para ello, el Gobierno abordará una profunda reforma de las Confederaciones
Hidrográficas y revisará el Plan Hidrológico Nacional vigente, manteniendo
aquellas actuaciones del Anexo de Inversiones que resulten coherentes con la
reorientación de la política del agua y priorizando las inversiones destinadas a
mejorar la situación de carencia de Levante, en particular de la Cuenca del Segura.
Esta revisión, que implicará la paralización de determinadas infraestructuras y su
sustitución por proyectos más eficientes, más baratos y menos conflictivos, se
llevará cabo en forma concertada con las Comunidades Autónomas.

Este conjunto de inversiones tiene como objetivo suplir carencias y mejorar los
elementos de base de nuestra economía.
Pero este conjunto de inversiones tiene otro objetivo tanto o más importante para
España: crear empleo. Diré más: proseguir la creación de empleo pero posibilitar un
empleo de calidad que ponga fin a la escandalosa e injustificada precariedad en el
empleo que azota, fundamentalmente, las vidas y los planes de futuro de los jóvenes.
El Gobierno propondrá un gran acuerdo social de competitividad y empleo estable.
En base a él, definiremos sobre bases nuevas los supuestos de contratación temporal
y las políticas activas de fomento del empleo estable, con atención especial a crear
condiciones reales de accesibilidad al empleo para colectivos que, como mujeres,
jóvenes, discapacitados y parados de larga duración, padecen dificultades especiales
para el empleo.
Prestaré especial atención a la adopción de medidas eficaces para reducir
drásticamente la siniestralidad laboral a través de un Plan de actuación específico
acordado con Sindicatos y Organizaciones Empresariales.
Así pues, propiciaremos la modernización e impulso de nuestra economía a
través de, fundamentalmente, el firme compromiso con la estabilidad
presupuestaria; la atención preferente a la inversión en educación,
investigación y nuevas tecnologías; la aprobación y remisión a esta Cámara de
un ambicioso Plan de Transportes e Infraestructuras; el anuncio de una nueva
política del agua; la apuesta por la creación de empleo estable y de calidad y, en
fin, el compromiso con el diálogo social.
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
El cuarto de los ejes de la acción del Gobierno es, sin duda, el más conocido de ellos
porque es el que define y caracteriza todo proyecto socialista. Me refiero, claro está,
a las políticas sociales; a las políticas destinadas a promover las condiciones de
igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, las políticas que garantizan
la cohesión de nuestra sociedad y la hacen, así, más fuerte, más estable, más capaz y
más humana.
La sociedad española de hoy conoce nuevos problemas para los que la respuesta
colectiva se está demorando demasiado. Son los problemas de la precariedad, la
vivienda, la dependencia, la discapacidad, el bajo nivel de una parte importante de
las pensiones.
Mi Gobierno va a afrontar, en forma decidida, el mayor problema con que hoy
conviven millones de familias españolas: la imposibilidad de acceder a una vivienda
en condiciones razonables. No es necesario insistir en las consecuencias
aniquiladoras que este hecho tiene para tantos proyectos de vida.
Combatiremos la especulación del suelo, como elemento principal del alto coste de
las viviendas disponibles, mediante un Plan que, diseñado por el nuevo Ministerio

de la Vivienda y concertado con las Comunidades Autónomas, pondrá a disposición
de las familias españolas, a precios asequibles, 180.000 viviendas anuales más, tanto
de acceso a la propiedad como en régimen de alquiler, poniendo en juego, para ello,
la bolsa de suelo público en poder de las Administraciones.
El Gobierno, igualmente, abordará un ambicioso Plan de atención y ayuda a las
personas dependientes que constituirá la primera actuación en materia de Servicios
Sociales concebidos como derecho ciudadano. Es un Plan que tiene como
destinatarios a quienes, día a día, conviven con muchos de nosotros: mayores,
menores, discapacitados. Es un Plan destinado a prestar atención médica, sanitaria,
asistencia l. Pero es un Plan también destinado a ayudar a combatir la soledad, a
incrementar la seguridad, a evitar las muertes en silencio y abandono. Es un Plan
que concertaremos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Y es un Plan
que generará empleo, riqueza e integración social.
Será también una prioridad del Gobierno garantizar los derechos de la infancia a
través del desarrollo de políticas integrales que protejan sus derechos, velen por sus
intereses y fomenten su educación a efectos de construir una sociedad que desde
ahora piensa en su futuro.
Como lo será también el fomento del empleo de los discapacitados como medio más
idóneo para superar el déficit de ciudadanía que en muchos casos hoy padecen
El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y media nte acuerdo con las
Comunidades Autónomas, llevará adelante un Plan de Calidad e Igualdad para la
mejora del Sistema Nacional de Salud, que asegure el acceso a sus prestaciones en
condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, que incorpore acciones
especiales frente a la siniestralidad laboral y viaria y frente a enfermedades como el
Alzheimer, el cáncer o la diabetes, que controle el gasto farmacéutico y que facilite
y promocione la investigación con células madre embrionarias para combatir las
enfermedades degenerativas.
Mi Gobierno, en fin, mejorará las condiciones de vida de quienes menos recursos
poseen.
En consecuencia, procederemos a la elevación progresiva del salario mínimo
interprofesional hasta alcanzar los seiscientos euros mensuales al final de la
legislatura, con el fin de recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los
últimos años.
El Gobierno aprobará una subida progresiva de las pensiones más bajas hasta
alcanzar, al final de la legislatura, un incremento por cuantía equivalente a los 4.000
millones de euros. No habrá campaña propagandística; habrá, simplemente,
pensiones más altas.
Plan de acceso a la vivienda; Plan de Servicios Sociales centrado en las
situaciones de dependencia; atención a la familia y a la infancia, compromiso
con el empleo de los discapacitados; incremento del salario mínimo y de las

pensiones más bajas; mejora del Sistema Nacional de Salud; fomento de la
investigación médica contra determinadas enfermedades, son, así, las
principales medidas que abordaremos para hacer frente a las nuevas
necesidades sociales.
Señoras y Señores Diputados:
Quiero, para acabar mi intervención, dedicar unos minutos al último de los ejes
sobre los que girará lo fundamental de la acción de mi Gobierno.
Quiero, en efecto, que la etapa que ahora iniciamos suponga una oportunidad real
para dotar de nueva dimensión, para llenar de nuevos contenidos, el concepto de
ciudadanía.
Lo haremos ampliando los derechos civiles y políticos de los ciudadanos españoles.
Mi Gobierno hará de la política dirigida a asegurar la igualdad entre mujeres y
hombres uno de sus empeños emblemáticos. Igualdad en el empleo, igualdad en las
condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad
en la participación en el poder.
La lucha contra la discriminación de la mujer no sería real si no incluyese una
actuación decidida contra la violencia doméstica que acabe definitivamente con la
mayor vergüenza nacional de nuestro tiempo: la que provoca la muerte violenta de
una mujer cada semana a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales.
Fiel al compromiso asumido, en el primer Consejo de Ministros examinaremos un
anteproyecto de Ley Integral contra la violencia doméstica.
Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables
discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su
preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la
misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir
libremente la vida que ellos mismos hayan elegido.
Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de
igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de
sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social.
Una modificación de las normas civiles que afectará a otros extremos del derecho de
familia con el fin de facilitar el derecho a la separación y el divorcio y asegurar el
pago de las pensiones alimenticias.
Uno de los desafíos más acuciantes y profundos que tiene planteados nuestra
convivencia social es el derivado de la inmigración que, desde hace años, toma a
nuestro país como destino.
En forma insensible primero, pero ya crecientemente acelerada, estamos pasando a
ser una sociedad culturalmente heterogénea.

En un asunto como éste, de gran sensibilidad y repercusión social, es fundamental
propiciar una política de cohesión social, evitando los riesgos de fractura.
Por ello, mi Gobierno propondrá al resto de las fuerzas políticas, a las Comunidades
Autónomas, a la FEMP y a los agentes sociales, la adopción de un Pacto de Estado
sobre la Inmigración.
Este Pacto debe descansar en dos grandes elementos: el control y la gestión de flujos
de inmigrantes y las políticas de integración.
Es imprescindible mejorar el control de fronteras para frenar la inmigración
irregular y la persecución de los traficantes de mano de obra, especialmente en
Comunidades que, como Andalucía y Canarias, se encuentran al borde de la
saturación y con crecientes problemas humanitarios y de seguridad.
Pero son los acuerdos con los países emisores y la contratación en origen –es decir,
la inmigración ordenada- lo único que permitirá combatir eficazmente el tráfico de
mano de obra y los desoladores accidentes que hoy cada vez son más frecuentes.
Las políticas de integración serán, sin duda, uno de los cometidos principales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al que, a partir de ahora, están
encomendadas, para su concertación con Comunid ades y Ayuntamientos.
Especial atención merecerán los muchos españoles que todavía viven fuera de
nuestro país y para los que hoy anuncio un Estatuto de los Ciudadanos Españoles en
el Mundo.
En conclusión: el compromiso con la igualdad de la mujer y la protección de su
integridad y sus derechos; la aceptación plena de la libertad de opción sexual
mediante la modificación de la regulación del matrimonio; y una oferta de
Pacto de Estado sobre la inmigración, constituyen, a nuestro juicio, una
oportunidad excepcional para llenar de nuevos contenidos la condición de
ciudadanos.
Señorías:
Una convivencia avanzada se construye y asegura con la cultura. Convivir es
compartir una misma cultura. Por ello no es cultura lo que no es permeable a las
ideas y maneras de los otros, lo que no nos deja convivir.
El destino de un pueblo depende del valor que sus gobiernos dan a la cultura. Por
ello me propongo que la cultura se sitúe en la esfera de las cuestiones de Estado.
Mi gobierno va a hacer de nuestra cultura la gran embajadora en el mundo; de
nuestro patrimonio artístico, intelectual, humano, nuestras grandes cartas de
presentación y nuestras manos tendidas; de nuestros creadores y sus obras, nuestra

mayor riqueza, el lenguaje del diálogo y el encuentro. Porque tal actitud incluye
trabajar por todos y para todos.
Señorías, quiero decirlo claramente: para el gobierno de España la cultura no merece
ser tratada como una mercancía más. La cultura no es un objeto mercantil puro que
deba regirse por las reglas de la oferta y la demanda. La cultura encierra todo el
pasado y todo el futuro de un país. Las vivencias de las generaciones pasadas, las
ambiciones de futuro de nuestros conciudadanos. Esta razón, y no otra, justifica el
principio de excepción cultural que defenderé a rajatabla:
El nuevo gobierno será beligerante en la promoción y en el apoyo a las creaciones
culturales españolas y en la difusión internacional de las lenguas de España.
Fomentaremos también el acceso a nuestro país de todas las manifestaciones
culturales de calidad, vengan de donde vengan. Pero, por encima de todo, también
por encima de las reglas puras del mercado, velaremos para que el producto del
genio y del talento de nuestros cineastas, de nuestros músicos, de nuestros artistas,
de nuestros creadores, sea disfrutado en España y se esparza por todo el mundo.
Para elevar la cultura a política de Estado tenemos por delante un gran
acontecimiento: la conmemoración del cuarto centenario de la primera edición de El
Quijote. Es una ocasión excepcional para promover la cultura, la historia y la lengua
de España. O para reflejar mejor lo que pienso, para promover las culturas, las
historias y las lenguas de España.
Quizás en El Quijote estén contenidas algunas de las notas básicas de nuestro
carácter. Pero la grandeza de la obra de Cervantes, su perenne actualidad, reside en
el alcance universal de esa aventura, humana más que española, en la que pueden
verse reflejados los seres más que los países, las personas y los colectivos de
cualquier momento más que los propios de una u otra época.
Señorías,
Prometí un cambio tranquilo para un tiempo de ciudadanía. Por ello, si obtengo su
confianza, gobernaré firme en los principios, desde el diálogo y para la esperanza.
Durante mi gobierno nadie estará por encima de las leyes. Las leyes que
promovamos perseguirán que nadie viva dominado arbitrariamente.
En palabras de Cervantes, un gobierno de meollo y de sustancia. Un gobierno que
acompañe a los ciudadanos en sus problemas y en sus sueños. Porque algunas
utopías merecen ser soñadas; no las alcanzaremos todas, pero nos marcarán el
rumbo por el que hay que avanzar.
En mi vida ese rumbo ha estado marcado siempre por un credo que quisiera expresar
públicamente en un día y en un acto como éste. Ese ideario es breve: un ansia
infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes.

Texto íntegro del comunicado de Zapatero del 19-4-2004, en el que anuncia el regreso de las tropas de Irak

Esta mañana, una vez que el Ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Iraq regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.

En marzo de 2003, hace más de un año, formulé un compromiso público que he reiterado nuevamente el pasado mes de febrero. Dije entonces que, en caso de ser elegido Presidente del Gobierno por los ciudadanos, ordenaría el regreso de las tropas españolas en Iraq si la ONU no se hacía cargo de la situación política y militar.

Con la información de que disponemos y que hemos recabado a lo largo de las últimas semanas, no es previsible que se vaya a adoptar una Resolución de la ONU que se ajuste al contenido al que quedó condicionada nuestra presencia en Iraq.

Tanto las manifestaciones públicas de los principales actores implicados en este conflicto, como los contactos mantenidos por el Ministro de Defensa a petición mía en el curso del último mes, no aportan indicios que permitan prever una variación sustancial en la situación política y militar existente en Iraq en los plazos previstos y en el sentido reclamado por el pueblo español.

Estas circunstancias me han llevado a adoptar la decisión de ordenar el regreso de nuestros soldados con la máxima seguridad y, por consiguiente, en el menor tiempo posible.

Esta decisión responde, antes que nada, a mi voluntad de hacer honor a la palabra dada hace más de un año a los españoles. El Gobierno, animado por las más hondas convicciones democráticas, no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles. Ésta es su principal obligación y es también su principal compromiso.

La decisión responde también al propósito de contribuir a la lucha que libra la Comunidad Internacional contra el terrorismo desde el más estricto respeto a la legalidad internacional.

El Gobierno español seguirá apoyando firmemente la estabilidad, la democratización, la integridad territorial y la reconstrucción de Iraq, y de acuerdo con este principio promoverá cuantas actuaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea ofrezcan un marco de cooperación internacional que contribuya eficazmente a que los iraquíes recuperen su soberanía y puedan organizar, libre y democráticamente, sus elecciones para construir su propio futuro en paz, independencia y seguridad.

El Gobierno mantendrá la condición de España como aliado fiel de sus socios. Cumpliremos los compromisos internacionales de nuestro país, muy especialmente los relacionados con nuestra participación en misiones internacionales de paz y seguridad.

Quiero expresamente mostrar mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas que día a día cumplen sus misiones en España y en los lugares más diversos del mundo, y que en Iraq han dado muestras constantes de su preparación, profesionalidad y disciplina, así como de su humanidad y entrega en ayuda a la población civil iraquí. Vaya, pues para ellos, y en nombre de todos los españoles, mi agradecimiento y afecto personal y el del Gobierno.

El Ministro de Defensa les dará cuenta en los próximos días del proceso de vuelta de las tropas.

Por mi parte, les anuncio que, de acuerdo con lo que he manifestado en el reciente discurso de investidura, hoy mismo he solicitado la convocatoria urgente del Pleno del Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe a los Grupos Parlamentarios sobre las razones y el alcance de esta decisión que, por otra parte, hace unos minutos ha comunicado personalmente al líder de la oposición.

Muchas gracias.

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