Zapatero penaliza a los más capacitados

21 mayo 2010 at 14:17 1 comentario

Cualquier empresa privada, que debe competir en el mercado para conseguir sus ingresos, sabe que uno de los factores claves del éxito radica en sus recursos humanos. De ahí que las empresas prósperas tengan en general como característica común una política para atraer y retener talento.

Aunque los gobiernos no compiten en el mercado para obtener sus recursos (pueden recurrir al aumento de impuestos, dictando además, normas que penalicen el fraude), suelen imitar o al menos intentan tener una política de recursos humanos que, en esencia, consista en premiar a los buenos.

Eso no ocurre en la peculiar España de Zapatero, donde el Estado procede de manera inversa a la que aconseja el buen sentido: la regla para calcular el recorte de salarios en la función pública ha sido “a más capacitación, mayor castigo”. En efecto, tal como se desprende de la tabla adjunta, que tomé del diario El Mundo de hoy, mientras los titulados superiores sufrirán un recorte del 7% en sus salarios, quienes hayan apenas completado la escuela primaria los verán reducidos 2,75%. Menos todavía los que sólo cuenten con un “certificado de escolaridad”, cuyos ingresos serán disminuidos 0,56%.

El recorte de salarios en la administración pública también incluye el sinsentido de que, en tanto el presidente y sus ministros verán disminuidos sus haberes un 15%, los secretarios de estado tendrán una quita del 10% y los subsecretarios una del 9%. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?

El dogma de “pedir más al que más tiene”, tan socorrido en la tribuna, es injusto y contraproducente cuanto se aplica a los recursos humanos de una organización. Lo que hace el gobierno al castigar al más capacitado, es despreciar al que más se esforzó y al más productivo (si percibe un salario mayor, debería ser precisamente por el mayor valor que añade). Lo correcto hubiera sido una reducción lineal, proporcional a todos. Algo similar se podría decir de la propuesta de congelar las pensiones: el congelamiento alcanzaría, precisamente, a los que más aportaron, que son quienes más hicieron por el sostenimiento del sistema de pensiones, dejando al margen a los que no hicieron aportaciones (pensiones “no contributivas”).

Lo que irrita a los que trabajamos en el sector privado no son los salarios de los funcionarios, sino los privilegios de que disfrutan a costa del resto, como la imposibilidad de ser desepedidos (trabajen bien o mal), los “días propios” y tantos otros. El gobierno está perdiendo una preciosa oportunidad de corregir esa injusticia, con lo que además lograría los ahorros que busca.

Lamentablemente, también en los recursos humanos del Estado, Zapatero aplicó su enfoque “jazzístico” de la cosa pública: improvisar, improvisar, improvisar.

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Sin comentarios IX Los mercados castigan a los políticos, pero defienden a los ciudadanos

1 comentario Add your own

  • 1. Eileen  |  13 junio 2010 en 22:35

    La imposibilidad de despedir a un funcionario no es un privilegio, sino una garantía democrática. Eso asegura al ciudadano de que los políticos de turno no puedan utilizar a la Administración Pública en su contra. Y hay ejemplos recientes.

    De hecho los políticos están haciendo todo lo posible para soslayar este pequeño “problema”: proliferación de la libre designación, entrada de contratados “por la puerta falsa”, etc, colocando a “su gente”. Nada hay más incómodo para un político que una Administración (unos funcionarios) independientes.

    Y este es una de las causas del déficit democrático español: el progresivo deterioro de las instituciones públicas.

    El pasado 7 de junio, tuvo lugar en Madrid una reunión de los cuerpos superiores del Estado, donde se presentó un documento con 30 propuestas para reducir el déficit. Dejo aquí el link: http://www.fedeca.es/uploads/noticias/e19568aca41488d4c72aa52a6e5bd800.pdf

    Lo que más me impresionó de esa reunión fue la terrible diferencia entre el altísimo nivel técnico que allí había (propuestas llenas de sentido común), y la demagogía y vulgaridad mediocre del discurso político.

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