Guía práctica para saber qué gasto público debería recortarse y cuál no

29 septiembre 2011 at 15:30 Deja un comentario

Los políticos reducen el gasto público cuando ya no queda otra alternativa. España, como se ve en estos días, no es la excepción. Eso se ve agravado porque los nuevos gobiernos de varias autonomías (Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, etc.) se encontraron una situación presupuestaria aún peor de la esperada.

A pesar de la falta de alternativas, los recortes, como siempre, son objeto de críticas. No sólo por los directamente afectados (sindicatos, funcionarios, etc.), sino incluso por los propios “recortadores”, como es el caso de Rubalcaba y otros dirigentes socialistas. Así, el hombre común, que entiende que hay que gastar menos, se confunde (y lo confunden) a la hora de determinar qué recortes son razonables y cuáles no.

Creo que la clave para determinar qué se debe recortar y qué no es partir de la base de cuáles son las funciones esenciales de la administración. Aunque el despilfarro de los últimos años lo haya ocultado, estas tareas no son otras más que:

  • Defensa frente a potenciales amenazas del exterior y relaciones exteriores;
  • Seguridad frente a la delincuencia interior;
  • Administración de Justicia y elaboración de normas que regulen la vida en sociedad;
  • Obras públicas inasumibles para el sector privado (calles, alumbrado, etc.);
  • Servicios de educación y salud, en cooperación con el sector privado;
  • Protección de los débiles (huérfanos, inválidos, parados, pobreza extrema, etc.);
  • la burocracia necesaria para gestionar y la aplicación de impuestos que permitan financiar las tareas anteriores (y la deuda pública).

 

Con estas tareas fundamentales en mente, es fácil responder las siguientes preguntas: ¿debe el gobierno gastar en la promoción del cine y el teatro?, ¿deberían existir las emisoras de radio y televisión públicas?, ¿debería el gobierno dar ayudas para el alquiler o para la compra de coches?, ¿es razonable que la administración dé ayudas a empresas privadas?, ¿deberían los gobiernos tener empresas comerciales sean estas de cualquier sector de actividad?, ¿es razonable que las autonomías vengan sosteniendo a unos 12.000 liberados sindicales?, ¿son lógicas las ayudas a sindicatos y organizaciones patronales?, ¿son necesarios los Consejos Económicos y Sociales tanto a nivel nacional como autonómico?. Se podrían hacer miles de preguntas de tipo similar y la respuesta, en todos los casos, es un rotundo NO.

Por otra parte, tampoco puede suponerse que todo el gasto que se realiza aún en las funciones esenciales es un gasto bien realizado. Quiero decir: existe la posibilidad de derroche. Por ejemplo, los ordenadores que decidió regalar Zapatero a los alumnos de 5º de primaria, aún siendo un gasto en “educación”, son un claro caso de despilfarro (en muchos casos, los mismos se utilizan para ver en YouTube vídeos de Justin Bieber). Otro ejemplo es el de las policías locales. ¿No sería mucho más eficiente su tarea si todas ellas se fusionaran en una única policía autonómica? Y la propia burocracia ha excedido los límites de lo razonable. Como ya comentamos en un artículo anterior, España tiene un concejal cada 268 ocupados. Existen 8.084 ayuntamientos cuanto serían suficientes menos de 2.000. 

Por supuesto que, en la realidad del gobierno, hay gastos más fáciles de recortar que otros. Además, hay reducciones de gastos que exigen cambios normativos o estructurales, por lo que puede llevar más tiempo ponerlos en práctica. Con todo, el lector puede tener dos cosas claras: 1) no hay que oír las tonterías de “motosierra”, “guadaña”, “desguace del estado de bienestar”, que a nada conducen (menos aún proviniendo de quienes provienen); 2) para calificar la oportunidad de un recorte hay que saber si se está reduciendo el gasto en una función esencial de la administración o no. Si no es de una tarea indelegable, bienvenido sea el recorte. Si se trata de una función básica, hay que indagar si se busca optimizar el gasto (entonces sería razonable) o si se trata de una dejación de funciones por parte de la administración (sería inadmisible).

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¿Y si gana Rubalcaba? Motivos para evitarlo. Rubalcaba no sabe que el Estado no ahorra (ni que los recortes no tienen por qué afectar el crecimiento)

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