Lo que debería aprender Pablo Iglesias (y los españoles) de Salvador Allende

Suele decir el Sr. Pablo Iglesias que las propuestas económicas que realiza Podemos para superar la crisis “no se han aplicado”. Se equivoca. En realidad, lo que ahora propone Podemos como “novedoso” es casi un calco del plan económico que llevó a cabo Salvador Allende en Chile, entre 1970 y 1973. Recordemos que Salvador Allende fue el primer presidente marxista elegido democráticamente en todo el mundo. Su gobierno comenzó el 4 de noviembre de 1970 y acabó trágicamente con el golpe de estado encabezado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

¿Cuál era el plan de la Unión Popular de Salvador Allende? En el corto plazo, el diagnóstico era el mismo que ahora hace Pablo Iglesias: la economía está mal porque la gente no tiene dinero para consumir. La solución también es la misma que entonces: aumentar los salarios, con el añadido de una «renta básica universal» para los que no trabajen. Una vez que la gente tenga más dinero en su bolsillo, comprará más, lo que hará aumentar la producción y el empleo. En el largo plazo, Salvador Allende no ocultaba su idea de una “vía chilena al socialismo” para acabar con la “sociedad burguesa”.

¿Qué hizo concretamente el gobierno de Salvador Allende?

Los salarios se incrementaron fuertemente; en el bienio 1970-1971 subieron un 130%, duplicando el aumento de los precios al consumo;

Se nacionalizaron los bancos y las grandes empresas (unas 500 en total), bajo el argumento de que se trataba de entidades “estratégicas”;

Se expropiaron unas 3 millones de hectáreas (casi una tercera parte de la tierra cultivable) para repartir entre los campesinos;

El gasto público corriente aumentó fuertemente, pasando del equivalente de un 20% del PIB en 1970 al 42,5% en 1973;

Para financiar el aumento del gasto público se recurrió a la emisión de moneda sin respaldo (seguramente por eso es que Pablo Iglesias propone salir del euro);

Para evitar el aumento de la inflación, se fijaron los precios a los que debían venderse muchos productos.

¿Cuáles fueron las consecuencias de esta política? Durante el primer año, la economía tuvo una fuerte expansión (el PIB creció 9%), con el consumo de los hogares creciendo aún más (+13,2%). El paro cayó a la mitad, desde 8,3% al 3,8%. La inflación también se redujo, desde un 34,9% en 1970 hasta un 22,1% al año siguiente. Puede verse un resumen en la tabla adjunta (clic sobre la misma para verla en tamaño mayor).

Sin embargo, tal como anticipa cualquier buen manual de macroeconomía, una política de ese tipo resultó insostenible. Las principales variables comenzaron a empeorar rápidamente. Ya en 1971, el aumento de la demanda y los precios fijos crearon escasez. En diciembre de ese año se produjo la “marcha de las cacerolas”, en la que amas de casa golpeaban sus cacerolas vacías como forma de protesta ante el desabastecimiento de alimentos, pero también de medicamentos, combustible y otros bienes esenciales. Como siempre ocurre en esas situaciones, floreció el mercado negro, donde se podían comprar a precios más elevados los productos que no se obtenían al precio oficial (arroz, harina, etc.). Eran habituales largas filas para poder conseguir algunos productos al precio oficial.

La situación económica de Chile en 1973 era caótica: una inflación de más del 500%, un déficit público equivalente al 22,7% del PIB y la actividad económica hundiéndose (el PIB cayó 7,1%). La desconfianza y la falta de divisas dispararon el precio del dólar, que saltó casi un 1.300% ese año. El precio del dólar en el mercado negro era diez veces mayor que el precio oficial. Las reservas internacionales eran negativas. El poder de compra del salario era en 1973 la mitad de lo que había sido en 1970.

El desastre de la política económica del gobierno de Allende resultaba aún más evidente al mirar qué ocurría en los demás países sudamericanos. Mientras la economía chilena se hundía, en 1973 todos los demás países del área crecían fuertemente: Brasil (+13,5%), Colombia (+6,7%), Argentina (+5,9%), Perú (+5,4%), etc.

Con todo, el daño económico no fue lo peor que sufrió Chile. Lo peor fue la fractura social y la violencia que se derivaron del extremismo del gobierno. El centro político despareció, y las posiciones políticas se radicalizaron. Aparecieron grupos violentos de ambos extremos, que cometieron muchos atentados y asesinatos. Las expropiaciones provocaron luchas entre campesinos y propietarios (pequeños y grandes). Se produjeron cientos de ocupaciones ilegales de fábricas, escuelas, tierras y edificios. Todo el que tenía algo que defender (pequeños comerciantes, pequeños empresarios, etc.) se radicalizó.

El caso chileno es el más ilustrativo, pero no es el único. De hecho, hay un patrón que se ha repetido siempre que un gobierno populista puso en marcha su plan económico: lograr una distribución equitativa de la renta mediante políticas expansivas, controles y déficit fiscal. Siempre (en Perú, Nicaragua, Argentina, Brasil, México, etc.), la “gente” quedó peor que como estaba al principio (véase el libro “The Macroeconomics of Populism in Latin America”, editado por Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, de 1991; véase el primer capítulo aquí Macroeconomia-del-Populismo).

Los chilenos aprendieron la lección. El día del golpe militar de Pinochet, Ricardo Lagos llegaba a Moscú como nuevo embajador chileno ante la Unión Soviética. Es decir, Lagos era el más comunista entre los comunistas. Sin embargo, cuando fue presidente (entre 2000 y 2006), no dudó en seguir la política de reformas y libertad económica que se venían aplicando. Lo mismo ocurrió con Alan García en Perú, cuya primera gestión (1985-1990) acabó en hiperinflación, pero que en su segundo mandato (2006-2011) continuó la política de prudencia fiscal y libre comercio de sus antecesores.

Sin duda, habrá quien dirá que es “imposible” que todo eso ocurra en España. Yo no estaría tan seguro. Si de algo sirve la Historia, es para aprender y no cometer los mismos errores. Como decía Albert Einstein, si uno busca resultados diferentes, no debería repetir las mismas acciones.

Estadísticas económicas oficiales de Chile del período 1960-2000

Haz clic para acceder a indicadores19602000.pdf

Algunos análisis del caso chileno

“En 1972 […] la inflación cobró velocidad ascendente. El Gobierno perdió toda capacidad de planificación de largo plazo: la supervivencia diaria era todo lo que se podía lograr en esas condiciones.

La oposición hizo todo lo que estaba en sus manos para sabotear los planes económicos y sin duda contribuyó en forma decisiva a las dificultades económicas. En el Congreso se opuso a reformas tributarias y reajustes, y en 1972 aumentó sustancialmente el déficit fiscal al negarse a financiar el presupuesto. […] Hubo sabotaje a la producción y huelgas generalizadas –como las llamadas huelgas patronales de octubre de 1972 y de junio de 1973– que dañaron seriamente la economía.

Alan Angell. Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía.
Ed. Andrés Bello, Santiago, 1993.

“El balance económico del gobierno de Allende es, en definitiva, desastroso. Se trató, sin duda, en sus resultados de la peor gestión económica de toda la historia del país. Desde el punto de vista técnico-sustantivo la razón del fracaso hay que buscarla en el menosprecio y desconocimiento de los líderes políticos de la UP, empezando por el propio Presidente Allende e incluida la mayoría de los economistas de gobierno, de la lógica y reglas de funcionamiento de una economía de mercado.

[…] Su modelo operativo era la economía soviética. Consideraban la política monetaria como un instrumento imperialista administrado por el FMI […] por lo demás, la izquierda nunca había asumido funciones de gobierno en el área económica, de modo que carecían totalmente de experiencia de gestión en la materia.

Edgardo Boeninger. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad.
Ed. Andrés Bello, Santiago, Segunda edición, 1998.

Programa de Gobierno de la Unidad Popular (sección económica)

LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ECONOMIA

Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.

Área de propiedad social

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;

2) E1 sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;

3) El comercio exterior;

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;

5) Los monopolios industriales estratégicos;

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.

El área de propiedad privada

Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción.

Estas empresas en número serán la mayoría. Así por ejemplo en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles barato sus productos.

Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas, como el volumen de la producción que generan.

Además, se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus productos.

En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva

Área mixta

Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.

Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.

Política de desarrollo económico

La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía. Tendrá como objetivos:

1.—Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.

2.—Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.

3.—Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etcétera.

4.—Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.

5.—Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda.

6.—Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios.

La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico; expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas.