La gran mentira del Estado ausente

Los partidos de izquierda señalan habitualmente la idea del “Estado ausente”. Según ellos, durante la crisis el Estado habría abandonado a los ciudadanos a su suerte. Ellos creen probar su punto de vista a partir de los recortes de gasto público de los últimos años. Por lo tanto, la propuesta de la izquierda es, primero, revertir los recortes, y luego aumentar más el gasto público para que el Estado “atienda a los ciudadanos”.

Los datos (es decir, la realidad) dicen otra cosa. En primer lugar, hay ahora 5,6 millones de personas que cobran cada mes una pensión de jubilación y otros 2,4 millones que perciben una pensión de viudedad. Además hay 928.00 personas que cobran una prestación por incapacidad permanente, 337.000 que perciben una prestación por orfandad y 39.000 que ingresan una prestación de favor familiar. Todos ellos suman 9,3 millones de personas, un millón más que en 2007, antes de que comenzara la crisis.

También se cuentan 452.000 personas que cobran cada mes una pensión (por jubilación o invalidez) a pesar de no haber cotizado. A ellas hay que sumar otras 25.000 personas que perciben diversas prestaciones (garantía de ingresos mínimos, pensiones asistenciales, etc.).

Por otra parte, hay 2,4 millones de personas que cobran una prestación por desempleo (unas basadas en cotizaciones, otras por motivos asistenciales), incluyendo la Renta activa de inserción y el recientemente aprobado Programa de activación para el empleo.

Sumando los tres grupos anteriores, se obtiene que, cada mes, la Seguridad Social paga prestaciones a 12,3 millones de personas. Son dos millones de prestaciones más que en 2007. Es decir que ahora, con los “ciudadanos abandonados a su suerte”, hay dos millones de personas atendidas más que en 2007.

En segundo lugar, además de las diversas prestaciones de la Seguridad Social, las Administraciones Públicas tienen 2,9 millones de asalariados. Este es un número similar al que había en 2007. Es importante subrayar que ahora las AA.PP. tienen un número similar de empleados que en 2007 porque, en ese mismo período, el sector privado perdió 3 millones de empleos. Si el sector público se hubiese comportado, en cuanto empleador, del mismo modo que lo hizo el sector privado, tendría que haber despedido a 500.000 empleados más. Estos también tienen que sumarse a los ciudadanos que están siendo atendidos por el Estado.

Pero eso no es todo. Hay varias decenas de miles de personas que cobran otras prestaciones pagadas por las comunidades autónomas, para las que no tengo datos completos. Podríamos añadir las decenas de miles de personas que cada mes compran sus medicamentos más baratos gracias a que el Estado paga una parte de los mismos. Por supuesto, tampoco pueden dejarse de lado los cientos de miles de alumnos que cada día asisten a clase a escuelas públicas, ni los cientos de miles de personas que cada día se atienden en el Sistema Nacional de Salud.

Se puede discutir si todo lo anterior es adecuado o no y si el alcance de las coberturas es suficiente o no. Es obvio que hay muchos aspectos que podrían mejorarse. Sin embargo, decir que el Estado “ha abandonado a los ciudadanos a su suerte” es falso. Quien lo diga lo hace por demagogia o por ignorancia.

La suma de pensionistas, parados y empleados públicos reseñados más arriba da un total de 15,2 millones de personas con ingresos de fuente públicas (sin contar las prestaciones de nivel autonómico). En este momento, en el sector privado, que es el que paga todo lo anterior, trabajan 14,6 millones de personas. ¿Cuál es la proporción entre personas con ingresos de fuente pública y ocupados en el sector privado que desean los demagogos que hablan de un “Estado ausente”? Por ejemplo, ¿25 millones de personas, para ser sostenidos por 15 millones en el sector privado les resulta suficiente? ¿O aún más? ¿Creen que sería sostenible?