Concejal, el oficio que más crece (o por qué la reforma debe empezar por los ayuntamientos)

Comparando los datos del segundo trimestre de 2007 y 2011 puede verse que el número de ocupados en España cayó en más de 2 millones, equivalente a un descenso de 10,1%. En el caso de los ocupados en la Agricultura o en la Industria, la caída ronda el 20%. En la Construcción, el descenso es violento y alcanza al 47%.

Distinto es el caso de los Servicios, ya que en esos mismos cuatro años ha aumentado el número de ocupados en 0,5%. Dentro de los Servicios hay un oasis de empleo, que es el oficio de concejal. Ajeno a lo que ocurre a su alrededor, el número de concejales aumentó 4,5%, para sumar casi 68.300 personas. Tal es el resultado de la aplicación de normas obsoletas que establecen el aumento automático del número de concejales según crece la población. Tenemos un concejal cada 689 españoles. Peor aún: hay un concejal cada 268 ocupados.

Mientras se debate el papel de las diputaciones, se está dejando de lado el problema básico en lo que se refiere a la elefantiasis de las administraciones públicas en España, que es el de los ayuntamientos.

España tiene 8.084 ayuntamientos, lo que da una media de uno cada 5.800 personas. Aunque de por sí parece un número escaso de personas para mantener la estructura de un ayuntamiento, la realidad es mucho peor. Si tenemos en cuenta que los 25 ayuntamientos más grandes albergan a poco más de 13 millones de personas, concluimos que los restantes 8.059 se sostienen en 33,9 millones de habitantes. El promedio, por tanto, cae a 4.200 personas por ayuntamiento. En el caso de Aragón, Castilla y León, y La Rioja, el promedio no alcanza siquiera a 2.000 personas por ayuntamiento (hacer clic sobre la tabla para verla en tamaño mayor).

El tamaño insuficiente de miles de ayuntamientos hace que existan las Diputaciones, Comarcas, Mancomunidades y diversos mecanismos que, en cada autonomía, procuran remediar esa pequeñez. La propia existencia de las diputaciones y similares prueba la incapacidad de sostenerse por sí mismos de miles de ayuntamientos. No se trata, entonces, de despreciar lo pequeño porque sí. El problema consiste en que la falta de una escala adecuada genera sobrecostes que España no puede pagar (en la jerga económica, “deseconomías de escala”).

La solución, evidente, consiste en elevar el tamaño mínimo de los ayuntamientos. Así se bastarían a sí mismos, las diputaciones y similares podrían suprimirse, y se generaría un ahorro de cientos de millones de euros al año. El debate debe centrarse en cuál debería ser ese tamaño mínimo y en cómo llevarlo a cabo.

Una posibilidad es fijar el tamaño mínimo de los ayuntamientos en 36.000 habitantes, que es la media que hoy muestra la Comunidad de Madrid, y que es la más elevada entre todas las autonomías. Otra alternativa es que ese mínimo sea de 75.000 personas, similar al tamaño de Ceuta y Melilla. En el primer caso, el número total de ayuntamientos caería a alrededor de 1.300. En el segundo caso, se pasaría de los más de 8.000 de hoy a unos 630 ayuntamientos (ver tabla adjunta).

La manera más simple de efectuar esta propuesta es dejar que cada autonomía fusione los ayuntamientos necesarios para cumplir con el mínimo que se establezca, lo que evitaría modificar límites. Para simplificar más el proceso, podría acordarse que los ayuntamientos con más de, por ejemplo, 200.000 habitantes, quedaran intactos.

El número de concejales de los ayuntamientos fusionados podría fijarse en 25 (tal es el número que establece la ley para los ayuntamientos de entre 50 y 100 mil personas) más un representante de cada ayuntamiento fusionado (y uno más si el número resultante fuera par). Si se fusionaran cuatro ayuntamientos, el número de concejales sería de 29 (25 + 4). Con ese representante (que debería ser elegido de forma uninominal), cada ayuntamiento fusionado mantendría su personalidad dentro del nuevo.

¿Por qué, aunque parezca claro que cualquier reforma administrativa debería comenzar por los ayuntamientos, el debate público se centra en las diputaciones? La respuesta la dio hoy el candidato del PSOE, Rubalcaba, quien eliminando las diputaciones pretende suprimir “mil cargos políticos”. Es decir, la idea de la dirigencia política, al menos la socialista, es centrar el tema en esos mil cargos para no tocar las otras decenas de miles de cargos (que ocupan sus simpatizantes) que deberían suprimirse. Una forma de “reformar sin reformar”, como ya viene haciendo Zapatero.

Aunque se hable del exceso de autonomías y de las diputaciones, el lector debe saber que el verdadero problema está en los ayuntamientos. No es razonable que haya un ayuntamiento cada 4.200 personas. No es razonable un concejal cada 268 ocupados. Además, es insostenible desde un punto de vista financiero. Quienes se opongan a esta propuesta deberían decir qué impuesto pretenden subir o qué otro gasto prefieren recortar.